CENTRO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
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POR UNA EDUCACIÓN SIN DISCRIMINACIÓN:
Lo que debes saber del Decreto 56
Miles de docentes panameños están siendo afectados por el Decreto 56, una norma que desvaloriza los títulos técnicos superiores y contradice leyes nacionales. Conoce aquí los hechos, las implicaciones y las acciones legales en curso.
¿Qué está pasando con el Decreto 56?
Una nueva normativa, el Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2025, ha encendido las alarmas en el sistema educativo panameño al establecer un sistema de puntuación que discrimina abiertamente a los docentes y profesionales egresados de institutos técnicos superiores. Al devaluar sus títulos en comparación con los universitarios, este decreto no solo crea una jerarquía injusta y sin fundamento legal, sino que también atenta contra la igualdad de oportunidades y el mérito profesional. Esta medida afecta directamente la carrera y el sustento de miles de educadores y futuros profesionales técnicos, quienes ven cómo sus trayectorias y esfuerzos son menoscabados por una simple distinción administrativa.
¿Cómo se materializa la discriminación?
La discriminación se materializa de dos formas concretas en el decreto. Primero, el artículo 31 asigna un puntaje inferior a los títulos de “Técnico Superior no Universitario” frente a los “Técnicos Universitarios”, a pesar de que ambos pertenecen al mismo nivel de enseñanza superior. Segundo, el artículo 33 impone un tope arbitrario al limitar a solo tres el número de títulos técnicos “no universitarios” que un docente puede acumular para su puntuación, una restricción que no existe para los títulos universitarios. Este diseño no solo es regresivo, sino que castiga la especialización y la formación continua de los profesionales que han optado por la educación técnica superior, un pilar fundamental para el desarrollo del país.
¿Por qué sería ilegal? ¿Qué dice la ley?
Frente a este atropello, se han interpuesto varias demandas contencioso-administrativas para exigir la nulidad de estos artículos por ser ilegales. El Decreto 56 contradice abiertamente leyes de mayor jerarquía, como la Ley 389 de 2023 y la Ley Orgánica de Educación, que garantizan la idoneidad y el reconocimiento equitativo de todos los egresados del tercer nivel de enseñanza, sin distinción de la institución de origen. El Poder Ejecutivo se ha excedido en sus funciones al crear, mediante un reglamento, una diferenciación que la ley no contempla, rompiendo con el principio de jerarquía normativa y vulnerando derechos fundamentales.
¿Por qué esta causa nos involucra a todos?
Esta no es solo una lucha legal; es una causa por la dignidad y el respeto profesional de miles de panameños. Defender la validez de los títulos técnicos es apostar por una educación inclusiva y un sistema de méritos justo, donde el conocimiento y la competencia prevalezcan sobre la procedencia del título. Te invitamos a alzar la voz y compartir esta información para que la opinión pública conozca esta injusticia. La educación de calidad y sin discriminación es un derecho de todos y una responsabilidad que debemos defender colectivamente.
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